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Basso: "La Corte se pone en sintonía con el Gobierno sobre las políticas de memoria"

03/05/2017

Organismos de DD. HH. rechazan el fallo de la Corte Suprema y el llamado de la Iglesia a una "reconciliación" entre militares y familiares de víctimas

Autor:
Alejandro Arnoletti

La Corte Suprema de Justicia declaró este miércoles aplicable la Ley 24.390, que permite el cómputo del beneficio del 2x1, para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad. La decisión sobre el caso de Luis Muiña (expediente "BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario") estuvo respaldada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La resolución, en tanto, contó con las negativas del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que señalaron que la reducción no es aplicable para un delito de este tenor.

La Ley 24.390 se encuentra actualmente derogada, pero estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Otorga la reducción del cómputo de prisión porque se trata de la Ley más benigna. Los jueces Highton y Rosenkrantz consideraron que "la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho". En contrapartida Lorenzetti y Maqueda sostuvieron que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad y que existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial.

En la mencionada causa se le atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal). Los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de marzo de 1976 en el Hospital Posadas de Haedo cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandados por Reynaldo Bignone ocupó el establecimiento y detuvo a personal del mismo. Las personas secuestradas fueron trasladadas al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privadas de la libertad y torturadas. Por su responsabilidad en dichos sucesos Muiña fue condenado a una pena de 13 años, en diciembre de 2011.

La decisión del máximo tribunal es un nuevo sinsabor principalmente para los organismos que luchan incansablemente en pos de la memoria, verdad y justicia. Se suma a la propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina, que en su 113ª Asamblea Plenaria llamó a la “reconciliación” por lo ocurrido durante la última dictadura cívico – militar. Los obispos buscan “sanar heridas” de ese período y se espera que durante este proceso se reciban testimonios de familiares de desaparecidos y militares.

Para hablar de esta situación el portal de Radio UNR entrevistó al militante de H.I.J.O.S. Rosario, Juane Basso, familiar de Emilio Feresín, asesinado durante la última dictadura. 

 

 

¿Cómo interpretan la decisión de la Corte Suprema?

No salimos de nuestro asombro, estamos discutiendo todavía. Obviamente que lo repudiamos porque es un mamarracho jurídico, que se refuta en los otros integrantes de la Corte Suprema que fallaron en disidencia y nada menos que entre ellos el Presidente del Tribunal. No podemos dejar de entender que esto además se produce en el marco de una decisión que tiene una clara voluntad política ideológica. Intenta desmarcarse de la impronta que tuvo la Corte y el conjunto de la institucionalidad durante los últimos años en materia de memoria, verdad y justicia. Esta Corte se pone en sintonía con el perfil que le ha dado el Gobierno Nacional a las políticas de memoria, que es ir desmantelándola. Asimismo se incluye en el discurso oficial el negacionismo con importantes figuras de Cambiemos, ir retaceando presupuesto a las distintas áreas que se encargaban de investigar los crímenes de lesa humanidad y en ese sentido inscribimos esta decisión que coincide con un llamado de la Iglesia argentina a la “reconciliación” entre los ladrones de bebés, torturadores y asesinos con sus víctimas. Lo vemos como parte de una avanzada contra todas las luchas populares; la memoria, verdad y Justicia y condena a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron para imponer un modelo económico para favorecer a las grandes corporaciones contra las mayorías sociales. Está claro que tiene que ver con eso. Lo que ocurre en el plano de la Corte Suprema con el juicio y castigo a los genocidas cuenta con un correlato con los beneficios que tienen las grandes corporaciones y las dificultades que tenemos las mayorías para vivir. Se pone techo a las paritarias, nos despiden cada vez más, se cierran fábricas por la apertura a las importaciones, las tarifas que se hacen cada vez más impagables y se benefician las empresas que dan los servicios; es decir, forma parte de un modelo que es económico y político. El económico es el mismo que en la dictadura y por eso entendemos que aparece esa necesidad de perdonar los crímenes de los genocidas.

 

Un clima de época…

Creemos que tiene que ver con eso y justo los dos integrantes de la Corte Suprema que asumieron de un modo polémico, propuestos por el Gobierno Nacional, fallaron en este sentido. Ahí hay cierta claridad política – ideológica de que estas personas vinieron a defender una mirada de nuestro presente, de nuestra historia. Por ejemplo la Corte aún no se expidió con respecto a la situación de Milagro Sala, pero sí agiliza todas otras cuestiones que deberían tener mayor profundidad.

 

¿Considera que los sectores que reprochan el 2x1 para delitos comunes lo avalan para este caso?

No estoy seguro que fuera así, aunque estoy sí que para algunos sí lo es, que son personas que dan una batalla ideológica y que saben que no están jugando desde la necesidad. Muchas veces uno escucha a un familiar de una persona que sufrió un hecho de violencia o inseguridad que puede expresar eso, pero no lo hace desde una postura político – ideológica, sino de un estado de bronca y a lo mejor no conoce la temática y las leyes vinculadas a la situación. Esa gente vive una situación compleja y por eso expresa esa postura. Pero es muy distinto a esos sectores que son ideólogos de cómo se debe organizar una sociedad y que plantean por un lado el fin del 2x1 para endurecer penas pero que cuando se aplica a los genocidas consideran que se debe aplicar. En realidad son operadores ideológicos que en su momento han dotado de cierta construcción a la dictadura y ahora lo hacen para lanzar a la opinión pública desde las grandes corporaciones de comunicación, que están al servicio de esos intereses pero que en el fondo lo esconden. Tengo mis dudas de que se haga esa asociación pero está bueno que se debata. Por ejemplo podemos ver que la porción de la calle que se pronuncia contra los genocidas es enorme y no responde a un solo espacio político – ideológico. Un conjunto muy amplio de la sociedad considera que para avanzar primero debemos condenar a nuestros verdugos de la dictadura.

 

Recién me mencionaba a la Iglesia, ¿cómo toma la postura de la Iglesia de llamar a una “reconciliación”?

La iglesia no tiene autoridad para promover ninguna mesa de discusión de nada con respecto a esto. Podría sí profundizar la lectura de su propio rol durante la dictadura, pero proponerle a una persona que está desaparecida, a un adulto que no recuperó su identidad o una persona que fue salvajemente torturada que se reconcilie con su asesino o desaparecedor, con su torturador, es ridículo. No se puede hacer porque esa persona está desaparecida, porque esa persona que no conoce su identidad no puede hablar como sí misma. Cuando uno pone las cosas en su lugar se pregunta entre quiénes sería la reconciliación. ¿Entre Videla Y Rodolfo Walsh? ¿Cómo se hace para reconciliar con una persona que no está? Después se plantea a los familiares y las organizaciones de DD. HH. que se reconcilien, ¿con quién? En términos personales no tenemos ninguna cuestión y creemos que la sociedad no puede avanzar si no se condena a quienes cometieron los más graves delitos que existieron en toda la humanidad y que nuestra legislación considera como los más aberrantes. Cómo se hace para explicar nuestra propia historia si no conocemos la verdad de por qué, para qué y al servicio de quién. Por eso cuando nos dicen reconciliación, decimos justicia. Que funcione un tribunal que cite a las partes y que ambas tengan las garantías y se defiendan; no queremos un pelotón de fusilamiento sino justicia, nada más que eso.

 

¿Cree que se busca reinstalar la “teoría de los dos demonios”?

Es parte de ese relato. Como se hablaba del relato K durante los 12 años del kirchnerismo, acá hay un relato M. Allí dentro está este fallo judicial; las palabras de Lopérfido que dicen que no se sabe cuántos son los desaparecidos, pero que no son 30 mil o las del director de Aduana. Son todos discursos que van en la misma línea de desandar un camino que fuimos construyendo a lo largo de 40 años de memoria, verdad y justicia que iniciaron nuestras Madres de Plaza de Mayo. En estos días han cumplido 40 años pero en este año y medio de macrismo han tenido que trabajar nuevamente con muchísima fuerza para que además su propio nombre y símbolo, reconocidos a nivel mundial, no sean ensuciados como permanentemente está intentando este Gobierno.